Fuente de la imagen: Real Patronato sobre Discapacidad, Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
El Consejo de Ministros, en su reunión del 22 de febrero de 2019, adoptó por Acuerdo establecer el día 3 de mayo como Día Nacional en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (en adelante la Convención), un tratado internacional y que constituye una parte irrenunciable del ordenamiento jurídico español en virtud del artículo 10.2 de la Constitución Española.
La Convención ha supuesto un hito en los avances de los derechos para las personas con discapacidad. Entre sus principales logros destaca la mayor visibilidad de este grupo de ciudadanía dentro del sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, la consolidación del enfoque de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos, y la disposición de una herramienta jurídica vinculante a la hora de hacer valer los derechos de estas personas y protegerlas frente a la explotación, la violencia y el abuso, con especial énfasis en la protección frente a todas las formas de violencia contra las mujeres, incluida la violencia sexual.
En este marco, la accesibilidad se reconoce como un principio general (artículo 3), como una obligación de los Estados (artículo 4) y como un derecho (artículo 9), interactuando con cada uno de los demás derechos reconocidos en el tratado. Esta perspectiva se ha trasladado al artículo 49 de la Constitución Española, que estipula que los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles.
La accesibilidad permite que las personas con discapacidad puedan vivir en igualdad, con libertad y de forma independiente, así como participar, plenamente, en todos los ámbitos de la vida. Además, la accesibilidad transciende a la realidad de la propia discapacidad: propicia que otros grupos –como las personas mayores, migrantes, niñas y niños o las personas con situaciones de enfermedad– se beneficien de su potencial para garantizar plenamente su autonomía y su inclusión en la comunidad.
En este sentido, la accesibilidad universal constituye un contenido esencial de todos los derechos, superando la dimensión meramente técnica. Los derechos humanos son instrumentos que protegen o facilitan el acceso a bienes para el desarrollo de una vida humana en condiciones de dignidad. Por tanto, un requisito imprescindible para la satisfacción de los derechos y libertades es que los bienes sean accesibles, porque sin accesibilidad no hay satisfacción del derecho.
De este modo, cobra especial relevancia el impacto de la accesibilidad para que las personas con discapacidad y las personas mayores o en situación de dependencia disfruten del derecho a la vivienda en toda su extensión. Resulta, además, un mecanismo fundamental para la prevención de la institucionalización y para equilibrar el peso desproporcionado que las mujeres continúan soportando en las tareas de cuidados y enfrentando las violencias machistas.
En coherencia con los mandatos de la Convención y del artículo 49 de nuestra Constitución, el Gobierno ha puesto en marcha diferentes iniciativas, entre las que se destacan:
- El II Plan Nacional de Accesibilidad Universal, con una dotación presupuestaria cercana a los 85 millones de euros, que se erige como hoja de ruta para situar la accesibilidad en el centro de la actuación de la Administración General de Estado y para transformar España en un país accesible, asumiendo la accesibilidad como un gran compromiso de Gobierno.
- La reforma de las leyes de derechos de las personas con discapacidad y de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, para adaptarlas al renovado artículo 49 de la Constitución Española. Estas reformas incorporan la accesibilidad como derecho y crean un Fondo Estatal de Promoción de la Accesibilidad. Asimismo, se establece que la accesibilidad deberá ser garantizada en los servicios de teleasistencia para que pueda ser disfrutado, en condiciones de igualdad y de seguridad, por toda la ciudadanía.
- El proyecto de real decreto por el que se regula el etiquetado accesible de productos de consumo, que dotará de mayor autonomía y seguridad a las personas con discapacidad en actividades cotidianas como el consumo.
- La transposición, con rango de ley, de la Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios, para dar cumplimiento en nuestro ordenamiento jurídico a las obligaciones del derecho comunitario.
- El proyecto de real decreto por el que se aprueba el Reglamento de las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva, dirigido a que el derecho a entender el entorno y a interactuar con él cobre sentido en la vida de aquellas personas que presentan dificultades de comprensión o memoria.
- La inversión en accesibilidad del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. España ha sido el único país de la Unión Europea que ha destinado cerca de 200 millones de euros de los fondos Next Generation EU, orientados a transformar de raíz nuestro paisaje, para que la accesibilidad sea practicable a todas las personas sin excepciones. Estos fondos, canalizados en su mayoría a través de las administraciones autonómicas y locales competentes en la gestión directa de las políticas de discapacidad, están siendo destinados a cumplir con la normativa, a reparar y a ensanchar derechos en ámbitos clave como el acceso a servicios públicos, la vivienda, la educación, la salud o la cultura.
- La accesibilidad universal también constituye un elemento de la acción exterior española y así se recoge en la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global.
En este contexto, el Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y el Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación promueven la adopción de la siguiente declaración institucional por parte del Consejo de Ministros:
Este 3 de mayo, el Gobierno de España reafirma su compromiso firme de continuar avanzando en la aplicación de los mandatos que recoge la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006, y ratificada por España en el año 2007, con la determinación de seguir incorporando la accesibilidad como principio transversal que permea toda la acción de la Administración General del Estado, desplegando las actuaciones y políticas necesarias para su plena garantía al conjunto de la ciudadanía.
Además, en aras de poder extender el valor de la accesibilidad universal a toda la sociedad, se exhorta al conjunto de las Administraciones públicas, los poderes del Estado, la sociedad civil, la Academia, el sector empresarial y los medios de comunicación a integrarla y a desplegarla en su labor. Solo así lograremos avanzar hacia una España sin obstáculos, capaz de garantizar, sin excepciones, la participación plena de toda la ciudadanía.