Las patronales del tercer sector de acción social ponen altavoz a las necesidades de las personas más vulnerables en esta crisis humanitaria

Las Asociaciones patronales del Tercer Sector de Acción Social (TSAS) formadas por aproximadamente 30.000 organizaciones y entidades que atienden en este momento a cerca de 7 millones de personas al año y en las que desarrollan su trabajo 645.000 profesionales que representan casi el 5% del empleo de nuestro país y con las que colaboran más de 1.300.000 personas voluntarias, ante la situación de emergencia sanitaria que actualmente vive nuestro país manifiestan, en su calidad de entidades representativas y negociadoras de los siguientes convenios colectivos:

• Convenio Colectivo Marco Estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal.
• Convenio Colectivo General de centros y servicios de atención a personas con discapacidad.
• Convenio Colectivo Estatal de Reforma Juvenil y Protección de Menores.
• Convenio Colectivo de Acción e Intervención Social.
• Convenio Colectivo Marco Estatal de Ocio Educativo y Animación Sociocultural.

Que todas ellas representan a organizaciones sin ánimo de lucro o de interés social, que proveen de servicios sociales que comparten estrategias y planteamientos con la Plataforma del Tercer Sector, así como el fin y justificación de nuestra existencia: atender a las personas más frágiles y vulnerables de nuestra sociedad, en colaboración con los poderes y administraciones públicas.

Para ello, sumamos los esfuerzos de la iniciativa social al esfuerzo de la administración local, autonómica y estatal, mediante mecanismos de colaboración que nos permitan proveer la adecuada atención a estos colectivos allí donde el mercado y el Estado tienen más dificultades para hacerlo, más aún si cabe en la actual crisis sanitaria, que se está configurando también como una crisis humanitaria y económica.

Nuestra prioridad son las personas, especialmente las más vulnerables, pero para garantizar la contención de la crisis sanitaria y romper la cadena de contagio, coherentemente con nuestra consideración como servicios esenciales, necesitamos ayuda a corto plazo:

• Equipos de Protección Individual y la realización de pruebas de contagio para poder contener con mayor garantía la extensión del COVID-19, garantizar la salud de las personas que atendemos y de todas las personas y profesionales que desarrollan dicha atención.

Esta necesidad es especialmente urgente allí donde hay personas directamente expuestas a los efectos del COVID-19.

• Garantizar la sostenibilidad económica de nuestra actuación, presente y futura, requiere una dotación económica adicional para hacer frente a refuerzos de personal, limpieza, provisiones, menores ingresos y el superior gasto producido por el alto número de bajas laborales.
• Especialmente en los centros residenciales donde contamos con población de mayor riesgo, como son las residencias de personas mayores y otros centros residenciales, requerimos un mayor y más decidido apoyo del sistema sanitario para evitar la extensión de las dramáticas situaciones que venimos sufriendo.
• Una especial atención, dentro de las medidas adoptadas dirigidas a las empresas, a la situación de centros especiales de empleo y empresas de inserción, ya que las dificultades de viabilidad económica de estas entrañan el riesgo de que miles de personas de colectivos especialmente vulnerables pierdan sus opciones de inserción laboral.
• Un mayor compromiso público para suplir las numerosas bajas que se están dando en centros residenciales y de atención domiciliaria, y así poder garantizar el mantenimiento de una atención digna en estos difíciles momentos.

Consideramos necesario que las actuaciones desarrolladas por los proveedores de servicios sociales del Tercer Sector de Acción Social se mantengan, tanto en los servicios esenciales como en el resto. De otra forma se producirá un retroceso inaceptable en la atención a las personas más vulnerables de nuestra sociedad (muchas de las cuales además reciben servicios sociales no garantizados como derechos subjetivos) al poner en cuestión la viabilidad de miles de empleos y de las entidades que las están desarrollando.

Nuestra mirada no sólo se fija en el presente: somos conscientes de que cuando pase la situación generada por la pandemia, la sociedad en su conjunto se va a ver afectada, y con más profundidad las personas más vulnerables y desprotegidas, que van a necesitarnos más que nunca. Fueron quienes más sufrieron tras la crisis económica de 2008, y cuando todavía no había llegado la recuperación económica a todas ellas, vuelven a estar en una situación de gran fragilidad.

Por ello, queremos reafirmar el compromiso de los proveedores de servicios sociales sin ánimo de lucro con las personas más frágiles y vulnerables de nuestra sociedad, en coordinación con los esfuerzos de las administraciones, para lo cual proponemos:

1. Reforzar cualesquiera mecanismos que afiancen la función social que desempeñan las organizaciones mencionadas y que permita la sostenibilidad de las mismas proponiéndose a tal fin la generación de un Fondo de Contingencia, coparticipado por Estado y comunidades autónomas a través del cual se apoye económicamente a todos los centros y servicios sociales que garantice la continuidad de las personas y profesionales vinculados a ellos. Especial referencia deberá hacerse a quienes están en la primera línea de esta crisis sanitaria o han sufrido más directamente la suspensión de sus actividades.
2. Crear un mecanismo de interlocución permanente con los proveedores de servicios del Tercer Sector de Acción Social, organizados a través de las entidades patronales del Tercer Sector que suscribimos este escrito, en tanto que somos asociaciones empresariales que contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios (Artículo 7º de la Constitución Española), que permita el diálogo sobre aspectos que son exclusivos de nuestros sectores de actividad.