El Gobierno ha aprobado ampliar los colectivos que pueden disfrutar de los beneficios recogidos en la Tarjeta Dorada para los servicios ferroviarios prestados por Renfe que son competencia de la Administración General del Estado. De este modo, se incluye a los colectivos con discapacidades mayores o iguales al 33%, frente al 65% actual.

Según informó el Ministerio de Fomento, la medida amplía en más de un millón de personas los posibles beneficiarios de esta tarjeta y los beneficios que conlleva, desde descuentos en los billetes de hasta un 40%. El coste de la medida será asumido por la Administración General del Estado para los servicios de Cercanías y Media Distancia, dada su calificación de Obligación de Servicio Público, y por la propia Renfe para sus servicios AVE y Larga Distancia al tener estos la consideración de Servicios comerciales que operan en libre competencia con otros modos de transporte.

La entrada en vigor de estas nuevas condiciones se producirá el día 1 de abril de 2019 y toda la información estará disponible en la página web de Renfe. Estas medidas a favor de las personas con discapacidad que usan el ferrocarril para sus desplazamientos “han sido sugeridas y planteadas” por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) al Ministerio de Fomento, que finalmente las ha hecho suyas, adoptándolas oficialmente, según recoge el comunicado del Ministerio.

Las nuevas condiciones establecen que la Tarjeta Dorada podrá ser adquirida por personas mayores de 60 años; pensionistas mayores de 18 años de la Seguridad Social Española que estén en situación de incapacidad física o psíquica permanente total, absoluta o gran invalidez; pensionistas mayores de 18 años de las clases pasivas civiles y retirados militares que estén en situación de incapacidad permanente para el servicio o inutilidad; personas con una discapacidad igual o superior al 33%, y acompañantes de personas con una discapacidad igual o superior al 65% que tendrán las mismas condiciones económicas de viaje que el titular.

Condiciones de la tarjeta dorada »

Fuente: servimedia.es

La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) insta al Gobierno a garantizar la cobertura total de los contenidos televisivos a través de lengua de signos y un subtitulado de calidad. La entidad secunda la petición del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para que se modifique la Ley General de Comunicación Audiovisual, si bien exige que se alcance un ratio del 100% de programación accesible tanto en canales de emisión en abierto como de pago, y en todas las plataformas. “Dada la evolución del mercado audiovisual y el proceso de implantación de la tecnología digital, nada impide que la totalidad de los contenidos televisivos se desarrollen incluyendo estas medidas”, ha manifestado la presidenta de la CNSE, Concha Díaz.

La Confederación mantiene que la regulación actual resulta “insuficiente” y denuncia que las cadenas cumplen “a medias” sus obligaciones legales en materia de accesibilidad, especialmente en lo que se refiere a la incorporación de la lengua de signos. “Es injusto limitar el derecho de una persona sorda a recibir información y disfrutar de contenidos culturales, divulgativos, de ocio y de cualquier otro tipo en lengua de signos, a unas pocas horas a la semana en el mejor de las casos, de las que además solo un 1% corresponden al prime time”, ha señalado Concha Díaz. Asimismo, califica de “poco efectivo” el actual régimen sancionador que establece la Ley de Comunicación Audiovisual, al considerar únicamente como infracción grave que una televisión realice una dejación absoluta de sus obligaciones de accesibilidad.

Otro asunto que preocupa a la entidad es tanto la calidad del subtitulado como de la emisión en lengua de signos española o catalana, ya que según ha señalado su presidenta, “el subtitulado con frecuencia no garantiza el acceso a los contenidos de manera literal y está lleno de imprecisiones”. En lo que respecta a la emisión en lengua de signos, Díaz denuncia que a la hora de prestar estos servicios “siguen primando criterios económicos frente criterios de calidad y profesionalidad en el uso de la lengua”. “Tenemos que conseguir que calidad y accesibilidad vayan de la mano”, ha manifestado.

Por último, ha recordado que además de un derecho que ampara la Ley 27/2007, la Convención de la ONU para los Derechos de las Personas con Discapacidad y la propia Constitución Española, el derecho a la información es una “cuestión de necesidad”, y ha asegurado que “el movimiento asociativo CNSE se mantendrá vigilante para que la legislación en materia de accesibilidad avance, se cumpla y sea garante de los derechos de todas las personas sordas”. 

Fuente: CNSE.